Casi una decena de legisladores, entre ellos el senador estadista Jorge de Castro Font, se comprometieron –tanto oralmente como por escrito, mediante una misiva– a no aprobar los cambios que les permitirían a parejas del mismo sexo participar de las uniones de hecho, reportó El Nuevo Día.
Las palabras del legislador fueron:
“El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Debemos respetar a todos los sectores de Puerto Rico, pero no lo vamos a permitir en el Senado, estamos aquí porque no vamos a permitir que se trastoque lo que es Puerto Rico, lo que es la familia puertorriqueña”.
De Castro Font dice, por un lado, que deben “respetar a todos los sectores de Puerto Rico”, pero, en la misma oración, sostiene que “no lo vamos a permitir en el Senado”, por lo cual uno debe asumir que lo que no van a permitir es que se respete a todos los sectores de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque, aparentemente, “el matrimonio es entre un hombre y una mujer”. No sé si soy el único que se cansa de que estos presupuestos cuyo origen y fundamento no es otro que la Biblia se utilicen en un Gobierno que se supone que sea secular.
No entiendo con qué cara más de 3,000 puertorriqueños se congregan en las afueras del Capitolio para expresar su deseo de que sus posturas religiosas (y, en ojos de muchos –incluyendo los de este servidor–, intransigentes) se les impongan a un grupo que no las comparte. Hay que tener poca vergüenza para pedir semejante atropello.
Pero quienes de verdad perdieron su dignidad fueron los legisladores. Ellos no están allí para legislar con la Biblia; se supone que están para velar por los intereses de todo el pueblo, no los de una mayoría intolerante cuya única justificación para denegarle al otro derechos es un libro. Al solidarizarse con estos manifestantes, están dejándose parcializar por un sector que no representa el todo, y, por ende, están incumpliendo su función como legisladores.
Como bien dijo el Departamento de Justicia en su ponencia durante las vistas públicas sobre las enmiendas al Código Civil, la concesión de derechos a las parejas homosexuales es inevitable; ya está sucediendo en otras partes del mundo, y no ha pasado nada trágico. A medida que importantes victorias en los tribunales tanto en EE.UU. como en otros países coincidan en que denegarles la igualdad a las parejas del mismo sexo atenta contra los derechos civiles, tomará las riendas una nueva generación, más tolerante y menos encadenada por creencias de antaño. Y sólo entonces rendirá frutos la lucha de los activistas que hoy sufren una derrota insignificante ante una generación de retrógradas con el agua al cuello.
